27 Feb 2026 Modernizar la gobernanza normativa, una urgencia post 27F
Por Ian Watt, Past President de la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales
El 27F no solo remeció edificios; remeció también la manera de convertir aprendizaje técnico en reglas que cambian la práctica. El Maule 2010 dejó lecciones claras: clasificar bien el suelo, detallar con rigor, entender la deriva y la interacción entre muros, losas y fundaciones; y no confundir “no colapsar” con “seguir operando”. La resiliencia depende de un sistema completo —diseño, construcción, inspección y no estructurales—, no solo de un cálculo brillante.
El problema es que el traspaso a normativa aplicable ha sido lentísimo. El camino entre consenso técnico y exigencia efectiva se enreda en ciclos largos y desalineados: normas INN por un lado y decretos supremos por otro. Ese desfase deja zonas grises, congela mejoras urgentes y nos obliga a diseñar “entre versiones”.
La fusión entre la NCh433 y el DS 61 es un símbolo. Tras el trabajo iniciado en 2013 y desarrollado hasta 2015, recién en este primer semestre de 2026 debiera salir desde el INN la versión consolidada. Trece años desde que empezamos el trabajo. Y el patrón se repite: la actualización de la NCh430, trabajada en el ICH desde mediados de la década pasada, sigue corriendo detrás de un conocimiento internacional que avanza a toda velocidad; “pillar” al ACI 318 con ciclos locales tan extensos es casi una carrera perdida. Se proyecta su salida para el segundo semestre de 2026.
No se trata de improvisar ni de bajar estándares. Se trata de asumir que el modelo de gobernanza actual —pensado para cambios espaciados— no conversa con la velocidad del riesgo, la tecnología y la evidencia. La brecha temporal no es neutra: erosiona certeza técnica y jurídica, sube costos de coordinación y termina cobrando a la seguridad y continuidad operativa.
¿Entonces qué hacemos? Desde AICE corresponde empujar una modernización real del ecosistema normativo: gobernanza técnica autónoma (paneles independientes con continuidad y atribuciones), procesos participativos con etapas y criterios claros, resolución técnica de disensos, y transparencia digital con trazabilidad y materiales de apoyo. El ciclo base debiera ser regular cada cinco años, con actualizaciones intermedias acotadas cuando la evidencia o el riesgo lo exijan.
El primer paso no es redactar más texto: es abrir un espacio de deliberación entre stakeholders —Estado, INN, academia, gremios, revisores, proyectistas, constructoras y mandantes— para alinear expectativas y ver si hay una metodología que, cumpliendo la ley y el reglamento del INN, haga estos ciclos más eficientes. Y partamos con un piloto concreto: usar la NCh433 como caso de prueba para instalar este modo de trabajo y luego escalarlo a una propuesta de largo plazo. Porque sí: estamos frustrados. Pero peor sería acostumbrarnos.